Derechos humanos, otro gran fracaso

Ombudsman: El dolor y sufrimiento por desapariciones, homicidios y violencia no se puede cuantificar o reparar.

Marcha por los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. (AP)

Por: Daniel Uicab Alonzo

Como pocas veces se ha visto, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González, acusó al presidente Enrique Peña Nieto de permitir que el “dolor y la impunidad” persistan, e incluso haya más violaciones a los derechos humanos durante su mandato.

Y no es asunto menor cuando la inseguridad campea en muchas regiones del país y la revictimización de terceros afectados es cotidiana. Un ejemplo lo dio esta semana el asesor legal de la Semar, Juan Velásquez, al afirmar que los deudos de una familia muerta en fuego cruzado entre marinos y delincuentes, en Reynosa, pretendían “lucrar” al culpar a la Marina de sus muertes. “Es una especie de negocio ser víctima de las autoridades”, dijo el abogado en una declaración que no sólo lastima a la sociedad sino también a la naval.

Fue el miércoles, en Los Pinos, en la presentación del Informe de Actividades 2017 de la CNDH, que el defensor del pueblo dijo a Peña que el dolor y sufrimiento por desapariciones, homicidios y violencia “no se puede cuantificar o reparar; son saldos de dolor e impunidad que no han disminuido durante su periodo”.

Ante el mandatario, quien admitió que “falta mucho por hacer” en el tema, el ombudsman hizo una cruda radiografía del “grave” estado de los derechos humanos en México: el avance “no es favorable” y no se registran “cambios significativos”, la sociedad sigue viviendo con miedo a los binomios inseguridad-violencia, impunidad-corrupción y desigualdad-pobreza, generando “desesperanza, distanciamiento de las instituciones y “desconfianza” en las autoridades.

Esa desconfianza se refleja en los 25,339 asesinatos cometidos en 2017, el año con más muertes por esta causa en dos décadas; en este sexenio se han documentado 274 casos de tortura, 89 desapariciones forzadas, 5,086 detenciones arbitrarias y 11 ejecuciones extrajudiciales, y además creció la violencia contra las mujeres y periodistas, con muchos casos en total impunidad. En cuanto a recomendaciones emitidas por la CNDH, lideran las presentadas contra la Comisión Nacional de Seguridad y la PGR, que el año pasado se incrementaron 117 por ciento con respecto a 2016, y no fueron atendidas cabalmente.

La rúbrica del ombudsman es lapidaria para este Gobierno: “México tiene una enorme deuda con las víctimas”.

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Publicada en el periódico Milenio Novedades.

Hace falta otro Gallardo

Por: Daniel A. Uicab Alonzo

Acotar el fuero militar demandan varios sectores del país. Legisladores dicen que una reforma al Código de Justicia Militar supone una manifiesta voluntad del Gobierno en su responsabilidad por el respeto, defensa y garantía de los derechos humanos, y el acatamiento a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Mexicano.

No es de ahora. Desde la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 1990, se ha intentado penetrar esta cultura hasta las instituciones castrenses para reprimir los abusos de  militares, y más ahora que marinos y soldados han salido de sus cuarteles para sumarse a la lucha contra la delincuencia organizada.

En esta coyuntura, muchas voces exigen el retiro de las tropas de las calles arguyendo la inconstitucionalidad de involucrarlos en la lucha contra la delincuencia, pero ignoran, o pretenden ignorar, que las Fuerzas Armadas actúan para garantizar la seguridad interior y la defensa exterior del país, además de apoyar a la población civil en casos y zonas de desastre.

Recientemente, Human Rights Watch denunció la existencia de unos cinco mil casos de abusos cometidos por personal castrense y, esgrimiendo esta cifra, exige a la Suprema Corte de Justicia acotar el fuero y con ello llevar a juicios civiles a militares que cometan delitos de ese orden, algo que ya existe en el Código castrense. En eso están los ministros.

Sin embargo, poco se habla de un Ombudsman para las Fuerzas Armadas, porque también existen abusos al interior de las instituciones militares. Quien se atrevió a proponer esta figura, el general José Francisco Gallardo, fue encarcelado en 1993 acusado de delitos como malversación, destrucción de lo perteneciente al Ejército y enriquecimiento ilícito.

Gallardo fue liberado ocho años después, y en 2009 se postuló para dirigir la CNDH.

Hace falta otro Gallardo, o el mismo, para impulsar la creación del Ombudsman militar en paralelo a las reformas para acotar el fuero que tanto escozor causa a los civiles.

Nota: Publicado el 10 de agosto de 2012 en mi columna Acaecimientos, en el periódico Milenio Novedades, y en la página SIPSE.com