7 de marzo de 2014
Por:
Daniel Uicab Alonzo
Para
ingresar a las Fuerzas Armadas se firma un contrato voluntario en el que se
especifican los derechos y obligaciones a los que se queda sujeto y que están
plasmados en las leyes y reglamentos que rigen la férrea disciplina castrense.
Comentamos
esto porque a finales de la semana pasada se retomó el tema del fuero militar,
que pretenden acotar los legisladores, con el argumento de respetar los derechos humanos de la sociedad
civil sin menoscabo de la disciplina
militar. Hay que precisar que los militares fueron lanzados a la guerra contra
la delincuencia sin un marco jurídico que normara su función policial.
Representantes
de la Marina y del Ejército acudieron a una audiencia pública convocada por la
Comisión de Justicia del Senado de la
República, para abordar ese tema toral de la justicia militar. Los
primeros precisaron que su modo de actuar y operar es distinto a cualquier otro
cuerpo de seguridad y para ello subsiste el fuero de guerra, no como un
“privilegio” sino como una jurisdicción especializada. No obstante, se mostraron flexibles para actualizar el
Código de Justicia Militar (CJM) al marco internacional.
En
esencia, el Legislativo pretende reformar el Artículo 57 del CJM –que se
refiere a los delitos contra la disciplina militar– para fortalecer los
derechos humanos de los civiles, sin eliminar el denominado “fuero de guerra”
que, dicho sea de paso, en ningún país se elimina.
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Ya
la norma prevé que los delitos cometidos por militares en que intervengan
civiles sean juzgados por jueces civiles. Un ejemplo del acotamiento al fuero
militar se dio a principios de esta semana cuando la Suprema Corte de Justicia amparó a dos
militares acusados de delincuencia organizada, para que no fueran trasladados
de prisión militar a un reclusorio de máxima seguridad sin autorización del
juez militar que instruyó el proceso.
La
orden de ese traslado no concedido provino de la autoridad facultada por la ley
que rige el fuero de guerra, nada menos que
el director General de Justicia Militar. En otros tiempos, esto no
hubiera sido posible.
Anexo
"1"
Juzgados
por civiles
El
27 de septiembre de 2013, en mi colaboración “Los retos del Atlas” narré la
siguiente anécdota:
“Era
una madrugada de principios de los años 80, en la entonces VI Zona Naval de
Guaymas, Sonora. Un joven infante de marina realizaba su turno de vigilante en
la Guardia en Prevención donde tenían confinado a un tercer maestre (sargento
segundo) que iba a ser trasladado a la ciudad de México para ser juzgado por
usurpación de funciones.
“La
caseta de la guardia no tenía un lugar seguro para alojar detenidos, lo cual
aprovechó el maestre para huir por una larga callejuela que desembocaba en la
avenida principal del puerto. El infante corrió tras él y, como marca el
protocolo, le ordenó detenerse tres veces, luego disparó al cielo para
amedrentar al fugado, quien por fin se detuvo. Solo que en Guaymas abundan los
cerros y en ellos hay viviendas: la bala mató a una joven. El joven marino fue
detenido y llevado a la ciudad de México donde fue juzgado por un juez civil,
al igual que el frustrado prófugo”.
Por
esos días, la Comisión de Justicia del Senado iniciaba las audiencias públicas
para analizar la reforma de justicia y fuero militar. Y le siguen dando
vueltas...
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Nota: Publicado el 7 de marzo de 2014 en mi columna Acaecimientos, en el periódico Milenio Novedades, y en la página SIPSE.com
